Resumen:
El principio del debido proceso es fundamental en el sistema penal acusatorio colombiano, en donde el Ministerio Público desempeña un papel esencial como garante de los derechos fundamentales y del orden jurídico. A lo largo de su historia desde principios del siglo XIX, ha evolucionado junto con el sistema penal, pasando de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, manteniendo su rol en casi todas las etapas del proceso penal. Sin embargo, su intervención ha sido objeto de críticas debido al riesgo de desequilibrar las cargas procesales entre la fiscalía y la defensa, afectando la igualdad de armas y la imparcialidad del juez. La Corte Constitucional ha reconocido al Ministerio Público como un interviniente especial en el proceso penal, encargado de proteger los intereses sociales y los derechos humanos. Sin embargo, su participación debe ajustarse a los límites establecidos por la ley y la jurisprudencia para no afectar el equilibrio del sistema acusatorio, basado en el contradictorio entre partes con intereses opuestos. La inclusión del Ministerio Público y de la víctima como intervinientes busca garantizar la reparación de los derechos de esta última dentro de un proceso justo y equitativo, pero su papel ha sido objeto de debate, ya que, podría inclinar la balanza a favor de una de las partes y afectar la imparcialidad del proceso penal.
