Resumen:
La presente investigación se fundamenta en la interpretación constitucional de los derechos a la autonomia territorial y la libre determinación de las comunidades indígenas, los cuales constituyen un punto de partida esencial para el reconocimiento de la multiplicidad cultural y étnica del territorio colombiano. La promulgación de la Constitución Política de 1991 buscó resarcir múltiples vacíos de tipo jurídico, antropológico, económico y territorial que históricamente han afectado a los pueblos ancestrales. En el marco de este texto superior, las comunidades indígenas gozan de una protección especial en diversos derechos colectivos, destacando las garantias sobre sus territorios ancestrales. Este reconocimiento ha sido un proceso gradual, con la Ley 89 de 1890, se comenzó a adjudicar tierra en nombre de las comunidades indigenas bajo la figura de cabildos, reconociendo cierta autonomia territorial en la gobernanza, administración y justicia. Sin embargo, fue la Constitución Política de 1991 la que reconoció los territorios indigenas como entidades territoriales, reparando parcialmente el daño histórico causado por la discriminación y la abolición de las costumbres
